jueves, 3 de septiembre de 2015

Crisis de Legitimidad en Honduras




Antecedentes:
La crisis política de 2009 produjo para su solución, acuerdos y coyunturas que hicieron posible la elección del candidato del Partido Nacional y con éste, la suspensión de las sanciones impuestas a Honduras desde el Sistema Interamericano.

El nuevo gobierno que asumió en enero de 2010 contó con una mayoría casi absoluta en el Congreso Nacional y una Corte Suprema proclive a congraciarse con la fuerza política dominante. Ello hizo posible que el titular del Congreso se convirtiera en la fuerza política dominante a nivel nacional.

Autorizado para legislar, crear políticas y nombrar funcionarios de alto rango, el Diputado Presidente tuvo acceso al diseño y estructuración del presupuesto general del país y todos sus componentes. En ese contexto las arcas del IHSS fueron saqueadas, como otras entidades de la administración pública. Es posible que la magnitud del saqueo jamás sea conocida, pues los órganos investigadores son controlados por el gobernante.

Desbordada por una de las tasas de homicidios más elevadas en el mundo, el gobierno concentró buena parte de sus esfuerzos en abordar dicho tema. Entre las medidas adoptadas, incluyó:
A.      Un proceso fallido de depuración policial;
B.      La creación de una Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial;
C.      La implementación de pruebas de confianza para funcionarios policiales consistentes en métodos y técnicas prohibidas constitucionalmente;
D.      La interpelación del Fiscal General de la República, imputándole ineficacia, ineficiencia y corrupción;
E.       La elección de una Junta Interventora del Ministerio Público, como resultado de la interpelación del Fiscal General;
F.       La destitución de todos menos uno de los magistrados que integraban la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por haber fallado en contra de las pruebas de confianza que están prohibidas por la Constitución (Esta destitución es conocida por la CIDH actualmente, y fue motivada además por la declaración de inconstitucionalidad de una ley que permite crear zonas especiales en las que los concesionarios podrán legislar a su gusto y ejercer autonomía durante 99 años);
G.     El nombramiento de integrantes de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que revirtieron los fallos dictados por los magistrados destituidos
H.      El nombramiento extemporáneo de nuevo fiscal general a raíz de la renuncia del fiscal general quien dimitió como resultado de las presiones derivadas de la intervención del Ministerio Público
I.        La creación de unidades policiales a lo interno de las Fuerzas Armadas y la aprobación de su rango constitucional como unidad independiente del resto de las Fuerzas Armadas y dependiendo únicamente y por vía directa, de la Presidencia de la República
J.        La negativa a incorporar en el Tribunal Supremo Electoral a los representantes de partidos políticos de novísima creación que participaron en el proceso electoral de 2010
K.      El nombramiento de secretarios de estado (ministros) por parte del presidente 2010-2014 a petición del presidente electo para el período 2014-2018.

El nombramiento de ministros por parte del gobierno saliente produjo una continuidad en el poder ejecutivo y obedeció a una anticipación a la disolución de la última legislatura del período constitucional saliente y la prevista dispersión del poder entre diversidad de partidos políticos.

Las elecciones de magistrados de la Sala Constitucional en sustitución de los que fueron destituidos ilegalmente, y del fiscal general electo de manera extemporánea con anticipación a la finalización de su período por siete meses, se realizaron mientras el partido de gobierno mantenía prácticamente mayoría calificada (2/3 de los votos posibles) en el Congreso. Esas elecciones no habrían sido posibles en el momento constitucional oportuno, bajo la actual conformación de las fuerzas políticas en el Poder Legislativo.

Con el control absoluto de la institucionalidad estatal, el actual presidente ha logrado lo siguiente:
1.       Aseguró el acceso a las asignaciones presupuestarias de toda la administración pública, como ya ha sido presentado a la opinión pública respecto de la Secretaría de Agricultura y Ganadería; del Instituto Nacional de Estadística; del Ministerio de Educación; y especialmente, del Instituto Hondureño de Seguridad Social.
2.       Aseguró la conformación de un Poder Judicial que le es sumiso; de un Ministerio Público que le es sumiso; la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas ya le son obedientes por disposición constitucional, pero creó unidades policiales adscritas a las Fuerzas Armadas que también le son sumisas.
3.       Aseguró la titularidad de funcionarios clave que no se opondrían, en detrimento de la Constitución, a la validación ilegítima de la reelección presidencial.

El resultado de las coyunturas y alianzas políticas mencionadas al principio de esta sección de antecedentes resultaron en la anulación del sistema de controles por contrapesos y la separación y división de poderes.

El control político del presidente sobre la vida política, económica, militar y social es prácticamente absoluto, y por primera vez desde enero de 1982, la reelección presidencial es posible en Honduras, a pesar de ser ilegítima e ilegal por haber sido dispuesta mediante una enmienda constitucional alcanzada por medios no previstos para ello en la Constitución misma.

Mayo 2015 hasta Agosto 2015:
Noticias de la sentencia de la Corte Suprema declarando “inaplicable” el artículo 239 de la Constitución que establece prohibición expresa so pena de destitución automática e inhabilitación por diez años para ejercer cualquier cargo público, para procurar activamente la reelección presidencial, generó convocatorias por parte de grupos dispersos, para realizar plantones en las dos principales ciudades del País: Tegucigalpa, la capital, y San Pedro Sula, sobre la costa noroccidental del país, situada sobre un valle que produce el 60% del PIB de todo el país.

Sin embargo, éstas convocatorias atrajeron muy pocos participantes. Se percibía que el poder del presidente era suficiente para obliterar cualquier oposición que se generase en su contra.

Al mismo tiempo un periodista con un pasado oscuro como guerrillero en el teatro centroamericano de la Guerra Fría, y que guardó prisión por una relación sexual punible, hizo públicas las imágenes de cheques emitidos por proveedores fantasmas del IHSS a favor del Partido Nacional y de su Comité de Campaña.
El escándalo, ya conocido por todos provocó gigantesca indignación ante tales revelaciones. 

Paralelo a ello, el fiscal encargado del caso hizo público cantidad de detalles acerca de las instrucciones que recibió del fiscal general para ocultar las responsabilidades de muchos funcionarios del más alto nivel.

También reveló estar siendo amenazado, él y su familia, por lo que solicitó y encontró refugio temporal en los Estados Unidos. En sus declaraciones, delató al fiscal general cuestionado por ordenarle encubrir resultados de su investigación. Eventualmente, fue nombrado Embajador de Honduras ante UNICEF, con sede en Paris. 

A partir de entonces, y desde principios de mayo de 2015, se realizan marchas semanales en las principales ciudades de Honduras. Esta manifestación de indignación ciudadana ha generado una dinámica que ha minado la percepción de invulnerabilidad del presidente.

Sin embargo, se emplean tácticas de corte clásico: intimidación, amenazas y represión.

Un prominente diputado del nuevo Partido Anticorrupción, Luis Redondo, por el Departamento de Cortés, denuncia amenazas creíbles para él y su familia. Recientemente sufrió un accidente vehicular.

El carácter espontáneo de las marchas, en las que los ciudadanos portan antorchas, parece resultar en ocasionales mermas en su asistencia. Sin embargo los resultados de la CICIG en Guatemala parecen insuflar nuevas energías y ánimos en esta dinámica social.
Tegucigalpa, 2 de septiembre, 2015

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