Antecedentes:
La crisis política de 2009 produjo para su solución,
acuerdos y coyunturas que hicieron posible la elección del candidato del
Partido Nacional y con éste, la suspensión de las sanciones impuestas a
Honduras desde el Sistema Interamericano.
El nuevo gobierno que asumió en enero de 2010 contó con una
mayoría casi absoluta en el Congreso Nacional y una Corte Suprema proclive a
congraciarse con la fuerza política dominante. Ello hizo posible que el titular
del Congreso se convirtiera en la fuerza política dominante a nivel nacional.
Autorizado para legislar, crear políticas y nombrar
funcionarios de alto rango, el Diputado Presidente tuvo acceso al diseño y
estructuración del presupuesto general del país y todos sus componentes. En ese
contexto las arcas del IHSS fueron saqueadas, como otras entidades de la
administración pública. Es posible que la magnitud del saqueo jamás sea
conocida, pues los órganos investigadores son controlados por el gobernante.
Desbordada por una de las tasas de homicidios más elevadas
en el mundo, el gobierno concentró buena parte de sus esfuerzos en abordar
dicho tema. Entre las medidas adoptadas, incluyó:
A.
Un proceso fallido de depuración policial;
B.
La creación de una Dirección de Investigación y
Evaluación de la Carrera Policial;
C.
La implementación de pruebas de confianza para
funcionarios policiales consistentes en métodos y técnicas prohibidas
constitucionalmente;
D.
La interpelación del Fiscal General de la
República, imputándole ineficacia, ineficiencia y corrupción;
E.
La elección de una Junta Interventora del
Ministerio Público, como resultado de la interpelación del Fiscal General;
F.
La destitución de todos menos uno de los
magistrados que integraban la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de
Justicia, por haber fallado en contra de las pruebas de confianza que están
prohibidas por la Constitución (Esta destitución es conocida por la CIDH
actualmente, y fue motivada además por la declaración de inconstitucionalidad
de una ley que permite crear zonas especiales en las que los concesionarios
podrán legislar a su gusto y ejercer autonomía durante 99 años);
G.
El nombramiento de integrantes de la Sala
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que revirtieron los fallos
dictados por los magistrados destituidos
H.
El nombramiento extemporáneo de nuevo fiscal
general a raíz de la renuncia del fiscal general quien dimitió como resultado
de las presiones derivadas de la intervención del Ministerio Público
I.
La creación de unidades policiales a lo interno
de las Fuerzas Armadas y la aprobación de su rango constitucional como unidad
independiente del resto de las Fuerzas Armadas y dependiendo únicamente y por
vía directa, de la Presidencia de la República
J.
La negativa a incorporar en el Tribunal Supremo
Electoral a los representantes de partidos políticos de novísima creación que
participaron en el proceso electoral de 2010
K.
El nombramiento de secretarios de estado
(ministros) por parte del presidente 2010-2014 a petición del presidente electo
para el período 2014-2018.
El nombramiento de ministros por parte del gobierno saliente
produjo una continuidad en el poder ejecutivo y obedeció a una anticipación a
la disolución de la última legislatura del período constitucional saliente y la
prevista dispersión del poder entre diversidad de partidos políticos.
Las elecciones de magistrados de la Sala Constitucional en
sustitución de los que fueron destituidos ilegalmente, y del fiscal general
electo de manera extemporánea con anticipación a la finalización de su período
por siete meses, se realizaron mientras el partido de gobierno mantenía
prácticamente mayoría calificada (2/3 de los votos posibles) en el Congreso.
Esas elecciones no habrían sido posibles en el momento constitucional oportuno,
bajo la actual conformación de las fuerzas políticas en el Poder Legislativo.
Con el control absoluto de la institucionalidad estatal, el
actual presidente ha logrado lo siguiente:
1.
Aseguró el acceso a las asignaciones
presupuestarias de toda la administración pública, como ya ha sido presentado a
la opinión pública respecto de la Secretaría de Agricultura y Ganadería; del
Instituto Nacional de Estadística; del Ministerio de Educación; y
especialmente, del Instituto Hondureño de Seguridad Social.
2.
Aseguró la conformación de un Poder Judicial que
le es sumiso; de un Ministerio Público que le es sumiso; la Policía Nacional y
las Fuerzas Armadas ya le son obedientes por disposición constitucional, pero
creó unidades policiales adscritas a las Fuerzas Armadas que también le son
sumisas.
3.
Aseguró la titularidad de funcionarios clave que
no se opondrían, en detrimento de la Constitución, a la validación ilegítima de
la reelección presidencial.
El resultado de las coyunturas y alianzas políticas
mencionadas al principio de esta sección de antecedentes resultaron en la
anulación del sistema de controles por contrapesos y la separación y división
de poderes.
El control político del presidente sobre la vida política,
económica, militar y social es prácticamente absoluto, y por primera vez desde enero de 1982, la reelección
presidencial es posible en Honduras, a pesar de ser ilegítima e ilegal por
haber sido dispuesta mediante una enmienda constitucional alcanzada por medios
no previstos para ello en la Constitución misma.
Mayo 2015 hasta Agosto 2015:
Noticias de la sentencia de la Corte Suprema declarando
“inaplicable” el artículo 239 de la Constitución que establece prohibición
expresa so pena de destitución automática e inhabilitación por diez años para
ejercer cualquier cargo público, para procurar activamente la reelección
presidencial, generó convocatorias por parte de grupos dispersos, para realizar
plantones en las dos principales ciudades del País: Tegucigalpa, la capital, y
San Pedro Sula, sobre la costa noroccidental del país, situada sobre un valle
que produce el 60% del PIB de todo el país.
Sin embargo, éstas convocatorias atrajeron muy pocos
participantes. Se percibía que el poder del presidente era suficiente para
obliterar cualquier oposición que se generase en su contra.
Al mismo tiempo un periodista con un pasado oscuro como
guerrillero en el teatro centroamericano de la Guerra Fría, y que guardó
prisión por una relación sexual punible, hizo públicas las imágenes de cheques
emitidos por proveedores fantasmas del IHSS a favor del Partido Nacional y de
su Comité de Campaña.
El escándalo, ya conocido por todos provocó gigantesca
indignación ante tales revelaciones.
Paralelo a ello, el fiscal encargado del caso hizo público
cantidad de detalles acerca de las instrucciones que recibió del fiscal general
para ocultar las responsabilidades de muchos funcionarios del más alto nivel.
También reveló estar siendo amenazado, él y su familia, por
lo que solicitó y encontró refugio temporal en los Estados Unidos. En sus declaraciones,
delató al fiscal general cuestionado por ordenarle encubrir resultados de su
investigación. Eventualmente, fue nombrado Embajador de Honduras ante UNICEF,
con sede en Paris.
A partir de entonces, y desde principios de mayo de 2015, se
realizan marchas semanales en las principales ciudades de Honduras. Esta
manifestación de indignación ciudadana ha generado una dinámica que ha minado
la percepción de invulnerabilidad del presidente.
Sin embargo, se emplean tácticas de corte clásico:
intimidación, amenazas y represión.
Un prominente diputado del nuevo Partido Anticorrupción,
Luis Redondo, por el Departamento de Cortés, denuncia amenazas creíbles para él
y su familia. Recientemente sufrió un accidente vehicular.
El carácter espontáneo de las marchas, en las que los
ciudadanos portan antorchas, parece resultar en ocasionales mermas en su
asistencia. Sin embargo los resultados de la CICIG en Guatemala parecen
insuflar nuevas energías y ánimos en esta dinámica social.
Tegucigalpa, 2 de
septiembre, 2015
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